Participación ciudadana y desarrollo social comunitario, estrategias avanzadas a la crisis

Por Marco Marchioni

La ‘crisis económica’ en la que nos hemos vistos, como de golpe, implicados nos ha hecho tomar conciencia de que lo que teníamos organizado y que nos parecía cierto y seguro, en realidad no lo era. Algunas personas, una minoría -entre ellas, quien les habla- hemos tenido que aguantar críticas de todo tipo por llamar la atención sobre esta realidad. La más profundamente injusta de las críticas afirmaba que lo que planteábamos era cosa del pasado (es decir, que éramos ‘nostálgicos’) o, por el contrario, que éramos utópicos (es decir, que estábamos fuera de la realidad).

No recuerdo ni hago hincapié en esta cuestión por revanchismo o por reivindicar algunas primacías intelectuales, sino sólo para afirmar que ya había señales claras que lo que había de verdad no tenía nada que ver con lo que se afirmaba pomposamente (aspiraciones infundadas de  grandeza,  creencia  de  un  crecimiento  imparable  e  ininterrumpido…),  ni  con  su sostenibilidad económica y social. De seguir por esta senda, decíamos algunos, llegaríamos a situaciones que no nos gustarían y que estarían en contradicción con los principios de avance social,  de  una  efectiva  paridad  de  oportunidades,  de  justicia  social  y  de  un  desarrollo económico que no hubiera discriminado y penalizado las clases sociales -perdón: los sectores sociales- más débiles y precarios.

De manera sintética, podríamos resumir los elementos críticos a los que hacíamos referencia (sin un orden de importancia ni de prioridad):

a) El avance sustancial en la organización del Estado, pasando en poco tiempo de un estado centralizado y autoritario a uno democrático y ‘autonómico’, dejaba pendientes una serie de cuestiones cuya irresolución ha ido generando graves dificultades, despilfarro, sobreposiciones y  hasta  duplicidades, cuando  no  competitividad  entre  diferentes niveles institucionales o diferentes ámbitos de competencias. La visión ‘patrimonialista’ de los partidos con relación al gobierno  de  las  diferentes  parcelas  del  Estado  ha  ulteriormente  agravado  la  situación haciéndola de hecho insostenible, ya antes de la ‘crisis’.

“… No hablo de una cuestión que pueda resolverse mediante un cambio de gobierno… sino de problemas  varados por la contradicción  entre un sistema  constitucional  diseñado para el acuerdo sobre cuestiones básicas y una lógica partidista que basa sus expectativas en abrir abismos de confrontación sistemática, a menudo más ficticios que reales…. con el resultado de paralizar decisiones básicas para el buen desempeño del país.” (Jordi Sevilla, “Mercados” del 17 de octubre de 2010).

Una  de las  consecuencias sociales más relevantes  de esta  situación  -a la que haremos referencia más adelante- ha sido la fragmentación de las intervenciones de las diferentes administraciones en política social, dando lugar a una ‘jungla’ de proyectos, servicios, intervenciones, etc., sin coordinación, que no han podido contrarrestar los procesos de división social que ya estaban produciéndose en los barrios urbanos y en los pueblos debidos a los cambios laborales, sociales y, sobre todo, a los recientes e intensos procesos inmigratorios.

b) De ello se desprende de hecho una deriva asistencialista de las políticas sociales, sobre todo en sus elementos estructurales –los tres grandes pilares del Estado Social o Welfare State: servicios sociales, sanidad y educación-; y más allá de avances reales en ámbitos antes ignorados,  como  la  dependencia,  la  igualdad  de  oportunidades,  etc.,  pero  sin  llegar  a determinar situaciones irreversibles.

Muchos de estos avances han sido realizados en el ámbito de una ‘privatización’ camuflada y confusa con las organizaciones de la llamada ‘sociedad civil’ (ONGs y empresas).

Pero lo que aquí interesa subrayar es que las políticas sociales han ido abandonado -salvo pocas excepciones- el campo de lo colectivo y de lo comunitario, es decir de lo educativo, de lo preventivo y de la intervención para luchar contras las causas de la exclusión y no sólo atendiendo a las consecuencias individuales de ellas.

Las grandes y avanzadas leyes sociales de los años 80 (la Logse en el terreno educativo, la de Servicios Sociales y la de la Reforma Sanitaria) han ido derivando así hacia una gestión asistencialista de las políticas sociales y se ha abierto el camino a la privatización, a la pérdida de horizontes progresistas y solidarios. La escuela pública se encuentra en gran medida dicotomizada, ya que los sectores sociales con poder adquisitivo medio y medio alto la han abandonado (hace veinte años hubiera sido imposible que el Presidente de la Generalitat tuviera sus hijos en centros escolares privados y elitistas); los servicios sociales atienden casi exclusivamente  a los sectores  dependientes de  la  población  y han  encerrado  su  teórica vocación ‘universal’ en unas prestaciones y atenciones cada vez más marginales; y la sanidad pública está siendo arruinada por el gasto farmacéutico y por el consumo indiscriminado de sus recursos…

c) Sustancialmente, a pesar de declaraciones enfáticas y oportunistas, el sistema democrático español se basa exclusivamente en métodos y funcionamientos típicos de la democracia representativa,  sin  conceder  espacios  algunos  a  lo  que  se  entiende  por  democracia participativa. Este no es ningún drama, ni se aleja mucho de la realidad europea. Sin embargo en este tema no ha habido claridad ni pedagogía política y el resultado es que la palabra ‘participación’, hoy en día, no tiene una definición clara y los intentos participativos se quedan en ámbitos de escasa relevancia.

Los gobiernos -a todos los niveles- se han caracterizado en esta etapa democrática por gobernar fundamental y substancialmente para la ciudadanía y, desde luego, no con ella (es decir, contando con ella).

Los  Reglamentos  de  Participación  que  se  hicieron  en  los  primeros  años  de  régimen democrático se limitaron a reglamentar las relaciones con la población a través de las Asociaciones de Vecinos y hoy resultan claramente obsoletos y superados por los cambios sociales y por el envejecimiento orgánico de aquellas organizaciones. Éstas jugaron un papel muy importante -de lucha y reivindicación para las clases trabajadoras en los territorios de vida, los barrios periféricos de las ciudades-, pero que han sido incapaces, salvo en unas pocas realidades, de evolucionar y seguir estando a la altura de las nuevas realidad social y política del país.

La llamada Ley de Grandes Ciudades es realmente un intento de racionalización  de las relaciones ‘gobierno local – ciudadanía’, pero sigue asignando exclusivamente a los partidos políticos la representación de los intereses ciudadanos…Con ello el tema no avanza, sino se sigue creando confusión.

Pido disculpas por citar algo ya escrito, pero:

‘…Necesitamos urgentemente modificar muchas cosas para que nuestras sociedades no estallen en profundas e insanables contradicciones. Y la más profunda y la más necesaria modificación tiene que ver directamente con el tema de la participación: o implicamos correcta y paulatinamente a la ciudadanía en un papel de corresponsabilidad (para definirlo por ahora de alguna manera) en el gobierno y en la gestión de los asuntos públicos, o los individualismos, los territorialismos, los más diferentes corporativismos, llevarán inevitablemente a la insostenibilidad. Desde un punto de vista medioambiental esto ya parece evidente y en parte asumido. Pero también tendrá que serlo desde un punto de vista social y político. Dicho de otra manera y muy escuetamente: la participación ya no puede seguir siendo un elemento ‘decorativo’ de la política y de los procesos sociales. La participación ya es una necesidad.

En síntesis, la  participación activa y consciente de la ciudadanía es el elemento clave del futuro,  el  único  que  puede  asegurar  la  sostenibilidad  en  sentido  global  y  general  y garantizar también la posibilidad de seguir luchando para una sociedad que garantice un cierto equilibrio y una real paridad de oportunidades; a pesar de las insuperables –por el momento-  diferencias  de  clases,  de  la  lógica  del capitalismo  sin  controles  (como  ha evidenciado la “crisis”) y de la no contención de los planteamientos y principios del “libre mercado” y del pensamiento liberalista más descarnado…’

Así los grandes cambios sociales del final del Siglo XX nos han cogidos impreparados y con muchos instrumentos, planteamientos, métodos… que podríamos definir obsoletos. Esto y la llegada de una ‘crisis’, cuyos caracteres aparecen cada día más estructurales y no simplemente coyunturales (por ejemplo, como el paro), nos obligan a retomar algunas cuestiones que, de manera también muy sintética, aquí recordamos, subrayando que se están dando ya algunas experiencias en la práctica.

Ellas son:

  • La necesidad absoluta de ir integrando los ‘escasos’ recursos a través de la coordinación y de la programación compartida entre varios agentes (públicos y privados), instituciones y administraciones… eliminando despilfarro y duplicaciones; sobre todo garantizando respuestas sociales más globales, más adecuadas a la complejidad de la realidad del mundo de hoy.
  • Asumir la participación de la ciudadanía como un eje estructural de los procesos decisionales, sin  confusión  de  papeles: no se trata de sustituir a  quien  decide  (que ha sido  elegido democráticamente), sino de modificar el modo con el que se llega a tomar las decisiones que afectan a todo el mundo. Dar vida a espacios y órganos de participación abiertos a las organizaciones sociales de todo tipo y a las personas que quieren hacerlo a titulo individual. Eliminar de estos espacios y órganos mecanismos de participación derivados de la democracia representativa, que contaminan la participación y alejan los ciudadanos y las ciudadanas que quieren aportar libremente su contribución…

Hay que reconocer que la participación -constante, permanente, sostenible- siempre será un tema relacionado con minorías y no con masas de personas. Pero ahora los espacios y los procesos  tienen  que  ser  abiertos  y  no  recluidos  por  una  minoría  que  transforma  su participación, no ya en un derecho, sino en un privilegio.

  • Vincular los procesos e itinerarios participativos a diagnósticos reales y participativos de las realidades sobre las que hay que tomar decisiones y aportar soluciones. La participación de’todo el mundo’ en la realización del diagnóstico y, luego, en la definición de las prioridades o de las líneas de acción a seguir constituye un elemento fundamental para que los procesos participativos no fomenten los intereses particulares o el populismo.

Durante muchos años la participación de la ciudadanía se vio de hecho relegada a jugar un papel exclusivamente reivindicativo hoy claramente insuficiente. Actualmente se debería de vincular a proyectos y procesos de mejora de las condiciones de vida de la población y a los retos que plantea la sociedad de la información, de las comunicaciones y de la Aldea Global. Esto permitiría asumir la gran tarea de evitar (o impedir o limitar) el hecho de que la nueva realidad y los cambios sociales que se han producido de manera tan drástica no lleven a una definitiva dicotomización social -ya en acto- y a la pérdida de la perspectiva igualitaria y solidaria que ha sido y es el patrimonio más importante que nos ha dejado la lucha del Movimiento Obrero en la época, en vía de extinción, de la industrialización y del capitalismo industrial y productivo.

  • Naturalmente esto requiere que los mismos procesos sean irrigados por un constante y claro flujo informativo (la misma información para todo el mundo en cuanto al contenido se refiere, aunque con formas y lenguaje diferentes) y que los temas sean afrontado con el auxilio de las ciencias y de los conocimientos científicos. Este hecho hace sí que los procesos, ámbitos y órganos de participación deberían incluir espacios ‘técnico-científicos’ con funciones de asesoramiento, tanto a la ciudadanía participante, como a las instituciones que toman las decisiones.
  • El territorio vuelve a asumir un papel fundamental, convirtiéndose por un lado, en un espacio de referencia de programas, intervenciones económicas, sociales, etc.; y, por el otro, en espacios de participación de la ciudadanía en la vida pública.

En las ciudades -y aquí, en Las Palmas, concretamente- ya se tienen en cuenta tres niveles o ámbitos de participación claramente definidos: el ámbito de los grandes temas ciudadanos con la creación del Consejo Social de la Ciudad; el ámbito sectorial o de área, coincidiendo con la organización municipal; y el ámbito del territorio según la organización administrativa de los Distritos. La Ley estatal de Desarrollo Sostenible así como, por ejemplo, la ley extremeña con el  mismo título, dividen, por fin, el territorio regional  en Zonas, asumiendo éstas como espacios de programación y de participación (aunque este segundo aspecto queda todavía por definir).

Por todo ello la perspectiva del desarrollo comunitario, de la participación activa y consciente de la ciudadanía, de la coordinación de recursos, de la integración de las instituciones, de la programación comunitaria, del diagnóstico participativo… todo esto vuelve a asumir un protagonismo que muchos han querido relegar al ámbito de los sueños.

Naturalmente somos conscientes de que la forma de ponerlo en práctica tiene que adaptarse a los cambios tecnológicos que se han producido (lo contrario, sí sería estupidez), pero, conviene recordar lo que decía mi maestra Angela Zucconi: ‘hay que ser rígidos en los principios y muy flexibles en la aplicación’.

Marco Marchioni

“2ª Jornadas Internacionales de Participación y Desarrollo Social de Las Palmas de Gran Canaria” Noviembre 2010

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